Presupuesto 2027: el Gobierno busca acuerdos con los gobernadores y enfrenta nuevos reclamos de los bloques aliados

El Gobierno nacional buscará avanzar esta semana en las negociaciones con los bloques parlamentarios y los gobernadores aliados para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027, en medio de una serie de reclamos que incluyen modificaciones al proyecto y el tratamiento de otras iniciativas legislativas.

La intención de La Libertad Avanza (LLA) es mantener conversaciones informales durante los próximos días para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan firmar el dictamen entre el 17 y el 18 de noviembre y debatir la iniciativa en el recinto el 25 de ese mes, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El oficialismo había postergado la semana pasada la firma del dictamen de mayoría luego de una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal. También se mantienen contactos con legisladores de Provincias Unidas, Elijo Catamarca e Independencia.

Uno de los principales puntos de coincidencia entre los bloques dialoguistas es el pedido de reducir el Impuesto a los Combustibles, bajo el argumento de que la recaudación del tributo no se traduce en el mantenimiento de las rutas nacionales.

Además, reclaman garantizar los recursos destinados al área de discapacidad.

Sin embargo, las negociaciones no se limitan al contenido del Presupuesto. La UCR pretende que avance el proyecto de incentivo a las inversiones relevantes, aprobado por el Senado e impulsado por el senador radical Eduardo Vischi.

Por su parte, los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Martín Llaryora, de Córdoba, reclaman que se retome el debate sobre la Ley de Biocombustibles, cuyo tratamiento quedó frenado la semana pasada por planteos de legisladores bonaerenses.

El PRO también presentó una serie de condiciones para acompañar el proyecto. Entre ellas figuran garantizar los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a los huevos y sus derivados, y establecer mecanismos que aseguren los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales.

En relación con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo considera que el conflicto podría resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Otro de los puntos pendientes es el financiamiento de las universidades nacionales.

El proyecto oficial contempla una asignación de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman elevarla a $11 billones. La UCR también solicita eliminar cuatro artículos del texto presupuestario vinculados con el área.

En paralelo, La Libertad Avanza trabaja para reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Actualmente cuenta con 95 legisladores propios y necesita alcanzar al menos 129 diputados presentes para obtener el quórum.

La estrategia oficialista contempla sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos. A ellos podrían agregarse los nueve integrantes de Argentina Federal, dos de Producción y Trabajo y alrededor de diez representantes de Provincias Unidas.

Con esos apoyos, el Gobierno podría reunir una base aproximada de 138 votos entre diputados propios y aliados, aunque el resultado dependerá de los acuerdos que se alcancen y de la posición definitiva de cada bancada.

El proyecto de Presupuesto 2027 establece gastos totales consolidados por $216 billones, con un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Ejecutivo. Los recursos consolidados se estiman en $219,3 billones, lo que representa una suba proyectada del 26,2%.

En materia macroeconómica, el Gobierno prevé una inflación del 21,3% para 2027 y un tipo de cambio de $1.847 por dólar para fines de diciembre, con un promedio anual estimado en $1.728.

En cuanto a la distribución de los recursos, el gasto en servicios sociales alcanzaría los $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

Las proyecciones oficiales también contemplan un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una expansión del consumo público del 0,6% durante el próximo año.

Con este escenario, el oficialismo buscará cerrar acuerdos antes de mediados de noviembre para asegurar el tratamiento del Presupuesto en Diputados. La negociación dependerá tanto de las modificaciones que acepte introducir en el proyecto como de las respuestas que ofrezca a los reclamos legislativos y provinciales.